El Ministerio de Justicia atiende las demandas de editores y periodistas y buscará un texto alternativo al artículo 520.1 de la LECrim

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, atendiendo a las demandas de editores y periodistas, se ha comprometido a buscar un texto alternativo que refuerce el equilibrio entre el derecho a la información y los derechos constitucionales del investigado en el artículo 520.1 de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)

REUNIÓN-JUSTICIA

FAPE. En una reunión de trabajo con el ministro, representantes de la Federación de Asociaciones  de Periodistas de España (FAPE), de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) y delForo de Organizaciones de Periodistas (FOP), mostraron su inquietud porque este artículo, introducido en una enmienda en el Congreso de los Diputados, pone en peligro el derecho constitucional a la información.

Concretamente, con el voto favorable de los Grupos Popular y Catalán de Convergencia y Unió, se añadió al artículo 520.1 referido a las detenciones, que en la detención de una persona “se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse así como en los traslados ulteriores”.

En la reunión, además de precisar que, en asuntos de interés público y con veracidad informativa,  prevalece el derecho colectivo a la información frente al derecho individual al honor, la intimidad y la propia imagen, según sentencias del Tribunal Constitucional, se puso sobre la mesa que las palabras “adoptar las medidas necesarias” han creado un gran desconcierto y total inseguridad jurídica en profesionales y medios, por no existir definición en cuanto a la forma de poner en práctica la medida de protección propuesta por parte de la autoridad judicial o policial.

Los representantes de los editores, organizaciones profesionales y sindicatos han valorado la voluntad de diálogo del ministro y su  disposición a buscar fórmulas para que la reforma legislativa no suponga una traba a la libertad de información aunque los destinatarios de la norma sean órganos judiciales, fiscalía, policía judicial e instituciones penitenciarias.

Por otra parte, en otro encuentro con representantes de las organizaciones de periodistas y editores, el portavoz del Grupo Socialista del Senado  donde se tramita en la actualidad el proyecto de ley-, Óscar López, mostró la disposición de su grupo a rechazar el texto del artículo 520.1, tal y como ha sido remitido desde el Congreso, pidiendo la retirada del polémico párrafo.

En la reunión con el ministro han participado la presidenta y el vicepresidente de la FAPE,  Elsa González y Aurelio Martín, respectivamente; el director general y la directora general adjunta de AEDE,  José Gabriel González e Irene Lanzaco,  y, en representación del FOP,  el coordinador estatal de la Agrupación de Periodistas de UGT, Mariano Rivero, y el secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel.

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