Accesibilidad lectora y democracia

César Fernández Rollán. Adaptar las ciudades, los baños de los bares, las entradas de los edificios, etc. para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a acceder a los mismos lugares y a transitar por las mismas aceras que el resto es un síntoma de sociedades que promueven la igualdad y la integración de todos sus sujetos.

Pero, ¿se procede de igual manera con toda la información que ayuntamientos, diputaciones y gobiernos centrales o regionales incluyen en sus páginas web o en sus documentos?  ¿Hace la administración pública ‘accesibles’ todos esos contenidos de leyes, decretos, normativas, o concursos públicos para facilitar su correcta y fácil comprensión y el derecho de todas las personas a acceder a la información?  No me refiero solo a colectivos con dificultad lectora como las personas con discapacidad intelectual, Tercera Edad o inmigración no hispanoparlante sino a toda la ciudadanía de a pie que veces se las ve ‘canutas’ para lograr entender un texto del B.O.E, o las normativas que regulan la ayuda a la dependencia, o las subvenciones para emprendedores, o mil ejemplos más que se les ocurran.

Rebajar una acera es garantizar la accesibilidad y salvaguardar los derechos de quien sufre alguna discapacidad física. De la misma forma, redactar o adaptar un texto al formato de LECTURA FÁCIL es garantizar también la accesibilidad a la cultura y a la información sin exclusiones. Algo de debiera no solo asumirse como ‘deber’ por parte de las instituciones sino como obligación.

Hacer opacos los textos de la administración ha sido además utilizado, y no por casualidad, como herramienta para el no fomento de la participación ciudadana y para contribuir a su desapego hacia lo político, cuando no para dificultar a conciencia la transparencia.  Por eso adaptar tales contenidos a LECTURA FÁCIL en aras del fomento de esa transparencia y de esa correcta labora comunicativa entre instituciones y ciudadanía debiera ser una prioridad en la agenda de cualquier gobierno democrático. En países como Suecia por ejemplo las leyes promulgadas deben pasar por una comisión parlamentaria que valora su comprensibilidad.

En España y Euskadi manejamos en más de una ocasión textos públicos indescifrables. Tomemos nota de esos países del norte de Europa con democracias más longevas y que llevan años aplicando el concepto de LECTURA FÁCIL en su administración y en su sistema educativo.  Accesibilidad lectora.  Algo que deberíamos exigir desde ya como ciudadanos y como profesionales del sector de la comunicación y el periodismo. A nuestras instituciones. Y a nuestra democracia.

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